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Fernández y un mensaje casi dirigido a la Justicia correntina


La política de Reforma de la Justicia que impulsará el Gobierno nacional, tiene un fuerte golpe en la Justicia local, que deberá seguir el camino marcado para regenerarse y constituirse en un verdadero poder autónomo, si no quiere exponerse a peores consecuencias. Fuerte reprimenda a la relación político-judicial y el armado de causas por razones políticas. El caso Romero Feris en el centro.



El presidente Alberto Fernández marcó con exactitud los vicios de los que adolece la Justicia Federal y que se replican en la correntina, que se vio explicitada en las causas de persecución política que lideraron varios de sus jueces en los últimos 20 años.

El Presidente, al presentar su Plan de reordenamiento del Poder Judicial anunció:

«La reforma de la justicia federal.
Como Presidente de la Nación, ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso inquebrantable. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza.
Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho.»

«Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con este deterioro.»

En el caso particular de las causas del ex gobernador correntino Raúl Romero Feris, el presidente Fernández develó un dato espeluznante del «cajoneo» de expedientes, entre los que se encuentra su Caso, y explica el porqué de la demora de justicia y de solución a esta cuestión en particular.

En relación a ello el Presidente expresó: «Así como lo hacemos con los derechos ciudadanos, hemos recuperado la centralidad de los Derechos Humanos en la gestión de gobierno. Con nuestra llegada, hemos encontrado un panorama de desidia y abandono».
«La gestión anterior dejó sin responder al menos 120 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 75 % tiene el plazo de respuesta vencido. Cuando el Estado no responde alguna de esas peticiones las consecuencias pueden incluir la pérdida del derecho de defensa, graves perjuicios económicos o una situación de riesgo para la vida e integridad física de alguna víctima sin atender».

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