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Involucran al hijo de una camarista federal en la venta de autos truchos

Otro ingrediente más que salpica al caso Soto Dávila. Un abogado, hijo de una magistrada integrante de una Cámara Federal de Apelaciones, es investigado por su participación en maniobras por la que se vendieron automóviles que habían sido secuestrados por el Juzgado Federal 1 de Corrientes. Se trata del letrado chaqueño Gastón Chapo, cuya madre, María Delfina Denogens es integrante del Tribunal de Alzada en Resistencia, pero además es subrogante en la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes en causas en las que se inhiben los magistrados correntinos.
Chapo está investigado por haber intervenido en triangulaciones por las que los funcionarios del Juzgado Federal N°1 de Corrientes fraguaron documentos para entregar a terceros vehículos de alta gama secuestrados en el marco de causas por narcotráfico.
La operaratoria consistía en que el abogado Chapo, aprovechaba sus vínculos familiares para conseguir “clientes” para comercializar automóviles que estaban bajo resguardo de la Justicia. Una vez contactado el comprador lo comunicaba a Zacarías Issolio, un escribiente del Juzgado Federal. Este, a su vez informaba de la situación al secretario penal Pablo Molina quien fijaba el precio del vehículo junto con el juez Carlos Soto Dávila. Y en el mismo juzgado se falsificaban los documentos que debía firmar el “comprador” del rodado. Uno de estos papeles es el documento conocido como Cero Ocho que era completado con los datos de un tercero que debía retirar el automóvil.
Se pudieron comprobar transacciones millonarias por la venta de rodados, dinero que se dividiría entre los abogados que intervenían, el juez Soto Dávila, su secretario Pablo Molina y el escribiente.

PUNTA DEL OVILLO

La investigación tuvo origen en la tramitación de entrega de un Mercedes Benz que había sido secuestrado en una concesionaria de autos perteneciente a un narco, Roberto Rodríguez, condenado a 13 años de cárcel. Este auto fue sacado del juzgado con la intervención de la abogada Noelia Carolina Agnello, el letrado Duylio Horacio Barboza Galeano, y Víctor Manuel Fernández, en complicidad con Pablo Molina y Soto Dávila. La operatoria dio origen a una causa por los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento, y a partir de allí surgieron datos referidos a otras actividades similares.
Se detectaron entregas irregulares de al menos tres automóviles, uno de ellos un Peugeot 206 que luego volvió a ser incautado en el Chaco en una causa donde se secuestraron más de 4 kilogramos de cocaína.
Debido a que estos automóviles tienen orígenes en causas de narcotráfico en los que estarían involucrados el juez Carlos Soto Dávila, investigado por cobrar coimas a narcos, los fiscales Carlos Adolfo Schaefer y Flavio Ferrini enviaron estos datos al juez porteño Sergio Torres, quien es el que lo investiga.
Ahora Torres pidió la inhibición del magistrado correntino, Juan Carlos Vallejos, quien tiene estos casos, para poder profundizar en la investigación.

El Modus Operandi

La fecha de la firma siempre era anterior a la del día en que fue secuestrado el vehículo, para eso se tramitaba un pedido de entrega justificando la compra de “buena fe”. Pero quien realizaba el pedido de entrega –o, quien aducía haberlo comprado antes del secuestro- no sería quien finalmente recibía el automóvi, sino un “prestanombre”, alguien extraño a la operación. En una de las operaciones se detectó que un albañil de escaso poder adquisitivo recibió $3.000 para firmar los documentos y recibir los papeles del vehículo.
Una vez finalizado el procedimiento, Molina llevaba la resolución de entrega al entonces juez Carlos Soto Dávila, quien autorizaba la desafección del rodado de la causa judicial y ordenaba que se ponga en manos del solicitante la llave del automotor.
El último paso constaba en una venta ficticia del auto por parte del adquiriente –quien retiró el automóvil del juzgado- al dueño final: el cliente que había contactado con Chapo.

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