Justicia tuerta y guiño político
Cuestionada por amplio margen en diferentes ámbitos y situaciones, ahora la JUSTICIA demostró que no es ciega y que ejecuta favores políticos sometiendo derechos
¿Cuánto vale el derecho de unos pocos o de muchos cuando la Justicia y la Política manipulan las pruebas de la comisión de un delito disimulándolo con el inocente argumento de un “error involuntario“?
Bajo sospecha se encuentran hoy algunos funcionarios intervinientes en el ámbito de la Secretaría Electoral (Juzgado Federal 1 – Distrito Corrientes).
Hace días que tomó estado público, que un número indeterminado de ciudadanos, fueron incluidos sin su consentimiento en un listado de “Adherentes” para la formación de un partido político.
El hecho evolucionó en redes sociales y en medios periodísticos, alcanzando el status de escándalo.
Dejó de tratarse de un mero chisme viralizado para convertirse en una acción irregular que implicaría la comisión de varios delitos.
LA INDEFENSIÓN DE MUCHOS Y EL PODER DE POCOS
El poder de pocos que, en éste caso esta relacionado con la política, somete -con el auxilio de parte de la Justicia- el derecho individual de varios perjudicados.
En el ámbito electoral, jurisdicción del Juzgado Federal 1 de Corrientes (Secretaría Electoral) se tramita vía diferentes expedientes, la constitución de un partido político relacionado directamente al Presidente de la Nación.
Desde éste medio se abordaron parcialmente las implicancias de la creación del Partido La Libertad Avanza en diferentes distritos del país.
Las actuaciones del trámite que inició en su calidad de apoderada la esposa del diputado nacional Lisandro Almirón, dan cuenta de un interés particular en conseguir la asignación y propiedad del sello a cualquier costo.
Tal vez por eso, se haya minimizado y hasta ocultado las pruebas que vulneran derechos de simples ciudadanos sin poder.
JUSTICIA TUERTA…
El relevo de pruebas ante confesión de parte, no implica que la Justicia autorice al causante a reemplazar las pruebas. Pero, aunque resulte increíble, eso ocurrió.
Adviertáse en las imágenes la solicitud de la apoderada y el motivo:
Subsanar los errores no erradican el daño causado al haber incluido a ciudadanos -con sus datos completos- que no autorizaron su voluntad de “adherir” a la formación del partido cuya apoderada está tramitando.
Es decir, cabe la posibilidad que además de la inclusión inconsulta, también se haya fraguado la firma en las fichas de adhesión contenidas en el CD que la Justicia devolvió sin comentario alguno a la causante.
EL PODER SOBRE LOS DERECHOS
Si el sesgo de complicidad se puede obviar, a pesar de que los hechos son de conocimiento público, que garantías tienen los ciudadanos perjudicados después que la Justicia consintió el ocultamiento o modificación de las pruebas.
Es decir, aquellos damnificados que aparecieron en el listado de “Adherentes” tienen todo el derecho de sospechar que la misma información y posiblemente una firma dubitable constaban en las “fichas de adhesión” obrantes en los CDs originales que fueron devueltos a la apoderada.
Para tener una noción de la gravedad de los hechos a seguir se adjunta un audio de lo manifestado por dos ciudadanas durante un reportaje realizado por Martín Varela en LT 7. Y, un escrito de Teresa Itatí Clavell que obra en el expediente.
GUIÑO POLÍTICO
No cabe la menor duda de que un interés político superior influyó para que algunos funcionarios judiciales admitieran cambios sustanciales en elementos importantes del expediente en cuestión.
Se sabe, porque fue abordado por politicaencorrientes.com y otros medios nacionales, que Karina Milei -funcionaria-, Martín Menem -preside la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem -funcionario- comandan la estrategia de creación del Partido La Libertad Avanza. Aspiran a concretarlo en por lo menos 4 distritos más, además del que ya está constituido en La Rioja y cuyo presidente es Martín Menem.
Nada es casual. Ni el protagonismo de los mencionados en el párrafo anterior y, tampoco, que la cónyuge del diputado nacional correntino Lisandro Almirón sea la apoderada y también “presidente” de la Junta Promotora.
Mientras tanto, queda explicitado que los derechos de los ciudadanos comunes no tienen el valor y la influencia de los intereses que, en ejercicio del poder, los políticos imponen sin un mínimo gesto de ética republicana.
Gentileza: lapoliticaencorrientes.com
