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Procesan aquellos que le pusieron precio al delito de narcotráfico

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procesó a los supuestos lí­deres narco Carlos Alberto Bareiro y Federico Sebas­tián Marín por el presunto pago de coimas al ex juez federal Carlos Soto Dávila y a sus ex secretarios para que estos últimos liberen a integrantes de bandas cri­minales. En el contexto de esta causa, la 9.868/18, ade­más se procesó a Nicolás Torres, uno de los señala­dos como negociadores en el pago de las dádivas.

El Juzgado también trabó embargos a Carlos Bareiro y a Federico Sebastián Marín, por $6.000.000; y a Nicolás Torres por $1.500.000.

Están acusados de haber entregado dinero a los fun­cionarios judiciales para beneficiar a implicados en causas narco.

En el caso de Carlos Ba­reiro se lo acusa de “haber entregado a Carlos Soto Dávila y Pablo Molina, a través del abogado Ernesto González, la suma de un millón de pesos en concep­to de dádivas, a los efectos de que los nombrados fun­cionarios dictaran resolu­ciones que lo beneficiaran”.

Esto habría ocurrido en 2011, cuando a Bareiro se lo acusó de haber participado del tráfico de una carga de estupefacientes. En el ex­pediente 287/2011 consta que en ese contexto la Gen­darmería Nacional incautó, el 17 de septiembre de 2011 unos 542,083 kilogramos de marihuana.

Por esta operación Ba­reiro no fue detenido, pero sí un colaborador, Edgardo Coria. “En el trámite dado a este sumario, se acredi­tó que el juez Carlos Soto Dávila -con la rúbrica de Pablo Molina -, a cambio de la suma de al menos un millón de pesos en con­cepto de dádivas, dispuso la exención de prisión con caución juratoria a Carlos Bareiro”.

El supuesto pago de so­bornos surge porque “una persona que se arrepintió señaló que González, por ejemplo, le hizo un arreglo a Bareiro por un millón de pesos, un mes antes de que caiga preso”.

En relación a esto, “el 1º de septiembre de 2016 en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes el letrado Omar Serial -también acusado en la causa- expresó que el por entonces titular de la Se­cretaría Nº 2 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Corrientes, doctor (Pablo) Molina y personal de esa Judicatura arreglaban las causas, situación que era conocida por todos”, indica el expediente.

Supuestamente, a través de este mismo abogado y de otro letrado, Humberto Giménez, supuestamen­te el ex juez percibió “la suma de treinta mil pesos en concepto de dádivas”, a los efectos de liberar a dos acusados.

Se trata de Sergio Ponce y Ricardo González, deteni­dos el 28 de mayo de 2010 cuando circulaban en un camión Ford F-350 por el puente interprovincial Ge­neral Belgrano y traslada­ban 311,735 kilogramos de marihuana. Supuestamen­te para la excarcelación con caución juratoria de ambos imputados se habría paga­do $30.000.

Un arrepentido declaró: “Cachito (Bareiro) nos daba la mercadería y nosotros teníamos que trasladarla. Yo la traje hasta Corrientes y después Sergio (Ponce) me dijo que iba con Ricardo (González) para llevarla a Resistencia, Chaco. A ellos los agarraron en el puente Chaco-Corrientes y los metieron presos. Yo llamé a (Omar) Serial y a Humberto Gimé­nez para que arre­glaran, porque ya sabía que ese juez arreglaba”.

El declarante indicó que Bareiro había entregado $30.000 “para que yo le diera a Serial y a Pochi. Y se los di para que arreglen y los liberen a ambos”.

Otra de las acusaciones relaciona a los funcionarios judiciales. En tal sentido, ese arrepentido señaló con el secuestro de 760 kilogra­mos de marihuana el 26 de marzo de 2016 y junto a la carga estaba el documento nacional de identidad de Torres. “Se secuestró un cargamento de marihuana al costado de la playa de la frontera entre los barrios Abarapé e Ibiraí de Itatí. Allí estaba Pablo Torres, quien dejó un DNI y por eso lo querían agarrar. Me con­tó que había hablado con los abogados (Omar) Serial y (Jorge) Vallejos, quienes iban a arreglar con (Carlos) Soto Dávila y que la plata se la había dado la tía. Creo que eran como $10.000 pe­sos”’.

El caso en el que está involucrado Federico Se­bastián Marín es más com­plejo, porque además de abogados, en la tratativa intervino hasta el ex inten­dente de Empedrado Juan Faraone, quien se había apersonado en la casa del juez para negociar.

“Luego de la detención de su esposa, Marín tomó contacto con los abogados Duilio Barboza Galeano, Gregorio Giménez, To­más Vigione, Omar Serial, como así también con Juan Faraone, a los efectos de negociar con las autorida­des del Juzgado Federal, acordándose un pago por la suma de $280.000 en favor de los funcionarios judi­ciales a los efectos de que éstos le otorgaran benefi­cios procesales a Alegre, lo que finalmente no sucedió por no haberse formaliza­do el pago”, dice el auto de procesamiento.

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