Con un hermetismo bajo siete llaves, sin trascender números ni temas, solo con el formalismo de un “buen diálogo” para asegurar el “buen funcionamiento” del Poder Judicial, se concretó después de muchas idas y vueltas, fundamentalmente con respecto al horario y escenario, la anunciada reunión entre Juan Pablo Valdés con el presidente del STJ y el fiscal general.
El gobernador mantuvo un encuentro “clave” con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Semhan y el fiscal general César Pedro Sotelo.
Sobre la agotada partida presupuestaria judicial no trascendió nada, ni la carga o liquidación del reclamado aumento del 6% para los judiciales y un posible refuerzo de partidas, simplemente trascendieron especulaciones.
Valdés encabezó este lunes una mesa de trabajo con las autoridades del Poder Judicial. El encuentro, que se desarrolló sobre el mediodía en el despacho oficial de Casa de Gobierno, marcó el inicio de una agenda conjunta para profundizar la calidad de las instituciones correntinas. Todos los protagonistas del cónclave se retiraron (a hurtadillas), sin brindar ninguna declaración sobre el contenido de la mesa que los ocupó durante una hora.
Participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Semhan, y el fiscal general César Sotelo. La comitiva oficial se completó con el fiscal de Estado, Horacio Ortega, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, lo que subraya la relevancia técnica y económica de los temas abordados.
Se destacó la importancia de garantizar la división de poderes, la autarquía del Poder Judicial y el principio de intangibilidad. Estos conceptos, sumados a la defensa constitucional de la imparcialidad de los jueces, fueron ratificados como ejes esenciales para asegurar la independencia de la justicia.
Políticas Públicas y Acuerdos Institucionales
Este encuentro representa la primera instancia de una serie de reuniones orientadas a lograr acuerdos sobre políticas públicas y consolidar la institucionalidad en Corrientes.
Tanto los representantes del Poder Judicial como del Ejecutivo Provincial coincidieron que el trabajo coordinado y el respeto mutuo entre las órbitas del Estado son el camino para profundizar la calidad de las instituciones y brindar mayor seguridad jurídica a la ciudadanía.
