El bloque de legisladores de ECO presentó un proyecto para que se oficialice la cantidad de asesores gubernamentales que fueron dadas de baja. Quieren conocer su peso presupuestario.
Los diputados provinciales Cecilia Gortari, Gustavo Canteros y Emiliano Fernández presentaron un proyecto de resolución para que en el plazo de 10 días el gobernador Juan Pablo Valdés dé a conocer la lista completa de asesores que tiene o tuvo el gobierno provincial y qué remuneración percibían.
El Expediente 19.727 solicita que el gobernador Valdés emita, a través de la Secretaría General de la Gobernación y la Dirección General de Personal, un informe sobre la nómina completa de los Consejeros Asesores y personal de gabinete bajo cualquier modalidad de contratación que prestaran servicios con las categorías descritas en el Decreto 57 (1.038, 1.039, 1.040 y 1.041) al 31 de enero de 2026.
Se solicita «el listado detallado de las bajas efectivizadas a partir del 1 de febrero de 2026 en cumplimiento de lo anunciado por el titular del Ejecutivo, especificando nombres, cargos y fechas de cese». Además de la nómina de asesores vigentes a la fecha de la presente resolución, con indicación de funciones asignadas y remuneraciones correspondientes.
Juan Pablo Valdés había anunciado públicamente el cese de funciones de los consejeros asesores de la Gobernación a partir del 31 de enero de 2026, como una medida de optimización de recursos y transparencia administrativa.
«Nosotros que queremos certezas sobre el estado actual de la planta de personal del Poder Ejecutivo Provincial, específicamente con relación a la figura de los denominados «Consejeros» o Asesores, cuyos cargos fueron creados originalmente bajo el Decreto N°101/2001 durante la última intervención federal», explicó Fernández Recalde.
«A través de la firma del Decreto N°57, con fecha 18 de diciembre de 2025, el gobernador estableció en su Artículo 1° la continuidad de dicho personal solo hasta el 31 de enero de 2026. Esta medida, anunciada como un eje central de la nueva gestión para garantizar la austeridad y agilidad del Estado, implica la caducidad automática de las funciones y haberes de miles de agentes revistados en las clases 1.038 (Consejero Principal), 1.039 (Consejero Superior), 1.040 (Consejero Ayudante) y 1.041 (Consejero Auxiliar)», detalló.
«Cumplido el plazo de vencimiento fijado por la propia administración provincial, resulta imperativo verificar el cumplimiento efectivo de la baja: si la totalidad del personal designado con anterioridad al 10 de diciembre de 2025 en dichas categorías ha cesado efectivamente en sus funciones al 1 de febrero de 2026», agregó.
«Queremos conocer el impacto presupuestario: El ahorro real generado para las arcas públicas, dado que se trata de cargos con remuneraciones significativamente superiores a la media del empleado estatal», aseguró.
«Por último queremos transparencia en la nómina: evitar que esta medida sea una mera «rotación» de nombres y asegurar que no se hayan producido nuevas designaciones bajo figuras equivalentes que desvirtúen el espíritu de austeridad declamado. La ciudadanía exige claridad sobre el uso de los recursos públicos. La figura de las ‘consejerías’, mantenida durante más de dos décadas, ha sido históricamente cuestionada por su falta de funciones claras y su carga al presupuesto provincial», alertó Fernández Recalde.
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