La Marcha Universitaria por nuevo reclamo por la Ley de Financiamiento finalizó con incidentes y detenidos. El documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública no se puede consolidar un país”. Organizaciones sindicales, educativas y políticas concretaron este jueves la 5° Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, que finalizó con incidentes entre un grupo de manifestantes y personal de las fuerzas de seguridad.
La esquina de la avenida Rivadavia y Callao fue el sector donde se produjeron enfrentamientos que incluyeron lanzamiento de piedas hacia los efectivos que respondieron con gases y el uso de camiones hidrantes, mientras el acto central se desarrollaba. Sobre el final de la tarde ya se reportaban uniformados y manifestantes heridos y también detenciones.
Las organizaciones convocantes aseguraron que las casas de altos estudios «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”. Contaron con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR y la militancia peronista que estuvo dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
El documento firmado en defensa de «la educación, la soberanía y la democracia» por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.» En el texto remarcaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de su cumplimiento, al mismo tiempo en que destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarlo de manera inmediata.
Criticaron al Gobierno Nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y fallos judiciales. Advirtieron acerca del «riesgo institucional» por el que atraviesan las Universidades y la intención marcada, por parte del presidente Javier Milei, de gobernar por «Decretos de Urgencia»: «Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU», agregaron.
Reivindicaron «los pilares históricos del modelo universitario argentino» como la gratuidad, la autonomía, el co-gobierno, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva y el rol que tienen dentro de nuestra Nación, como espacio de movilidad social ascendente y justicia social. Denunciaron que el proyecto del Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo Nacional, es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y no contempla las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario; contrariamente, apoyaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto al proyecto oficial.
Mostraron preocupación sobre el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y el freno en los proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento. En la misma línea, denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar, que quedaron paralizadas en $35.000 desde el año 2024; la desinversión en las Becas Manuel Belgrano; y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), al que calificaron como una política de «deserción forzada».
Cerca del final, denunciaron un «ataque» al salario docente y nodocente y repudiaron la «asfixia» salarial y la negativa del Gobierno a convocar a paritarias libres, además de señalar «la pérdida constante» de poder adquisitivo, la precarización de las condiciones de trabajo y el «desconocimiento» de temas clave como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución. Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles», concluyeron.
El Gobierno nacional repudió los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos», además de «desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada».
Agencia NA
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Nueva Marcha Federal Universitaria al Congreso
Se hará con el apoyo de la CGT, las CTA y estatales, desde las 13:30. Según la Asociación Gremial Docente, el Gobierno Nacional “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes y desconoce “una ley votada 5 veces en el Congreso”. La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el parlamento.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), aseguró que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes, a pesar que este miércoles haya sido sancionado económicamente por la Justicia por el incumplimiento sistemático de la normativa».
«El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111. El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública», señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA. Quienes también se plegan a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros.
«Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la Plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei», indicó la CTA-T. El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, remarcó la importancia de la movilización porque es «fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23»: «Es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo», agregó.
«Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso. Por el DNU 70/23 el país avanzó hacia la desregularización de la economía, flexibilización laboral y está dejando a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercador», sentenció.
La CGT expresó que la universidad pública «es una conquista histórica del pueblo argentino» y una herramienta «indispensable» para el desarrollo de una Nación «soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno».
«Defenderla es democratizar el conocimiento y sostener un proyecto de país que ponga el desarrollo nacional y la justicia social en el centro. Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas», indicaron desde sus redes sociales.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, confirmó que los estatales, además de movilizarse este jueves, realizarán un paro por 24 horas porque deben «garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país» y aseguró que habrá «expresiones de esta lucha en toda la Argentina». «Tenemos que ir por todo y ser capaces de voltear este DNU completo porque no es contra de la casta, sino que es contra nosotros para que la casta se llene de guita. Este decreto se transformó en un delivery para las corporaciones y no podemos permitir que quieran seguir gobernando nuestro país a sola firma. Cuando algo no lo pueden lograr por los votos, arman un decreto», explicó.
La concentración de este jueves será desde las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, que es donde iniciarán su marcha AGD-UBA, y en otras intersecciones de las inmediaciones del Congreso, bajo la consigna central del reclamo por la aplicación «efectiva e inmediata» de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y el presupuesto universitario.
Luego de publicarse el índice de inflación de septiembre (1,9%), la inflación acumulada durante la actual gestión nacional alcanzó el 344,15%, mientras que los salarios docentes solo aumentaron un 236,6%. Esta brecha se traduce en una pérdida directa del poder adquisitivo. «No estamos ante un hecho aislado, sino ante un plan deliberado de vaciamiento de la universidad pública. El éxodo masivo de más de 1.200 docentes e investigadores en la UBA demuestra que sin salarios dignos no hay continuidad posible para la investigación científica ni para la enseñanza de calidad en nuestro país», concluyó Carboni desde AGD-UBA.
Agencia NA
