Por el crimen de Cecilia Lazcano, la querella asegura que «alguien la transportó» y apunta contra el fiscal. El abogado Juan Saucedo, representante de la familia de la víctima, apuntó con dureza contra la investigación y exigió que la novia del adolescente detenido reciba la misma calificación legal. Puso en duda la distancia recorrida antes de pedir auxilio y la existencia de una tercera persona.
La causa por el crimen de Cecilia Lazcano sumó nuevos capítulos de tensión judicial. El abogado Juan Saucedo, representante de la familia de la víctima, formuló fuertes cuestionamientos contra la actuación de la Fiscalía y advirtió que aún quedan puntos centrales por esclarecer en la investigación.
Las declaraciones llegan luego que el Tribunal de Revisión anulara la resolución dictada el viernes 28, que motivó la convocatoria a una nueva audiencia de coerción. «La resolución fue anulada directamente por el Tribunal de Revisión, sin siquiera sustanciar la impugnación, lo cual es una buena noticia», celebró el letrado al confirmar que insistirán con una medida de privación de la libertad para la joven imputada —novia del adolescente detenido—, por considerar que es la vía que mejor garantiza el avance de la causa.
Reclaman ampliar la imputación y apuntan al borrado de datos
Para la querella, la situación procesal de la joven involucrada debe equipararse a la del principal sospechoso. Recordaron que ya solicitaron ampliar la imputación bajo la calificación provisoria de «coautora de homicidio agravado por ensañamiento y el concurso de dos o más personas».
«Comparando con el caso del menor detenido, es exactamente igual el tratamiento que debería recibir», manifestó Saucedo. El abogado encendió las alarmas sobre el manejo de la evidencia digital tras confirmar que uno de los teléfonos analizados sufrió la eliminación deliberada de información. «Si no tenía nada que ver la menor imputada, no sé por qué tendría que haber borrado. A mi juicio, fue borrado por alguien que sabe de esto», sostuvo desde Sudamericana.
Las dudas sobre el recorrido y la teoría del traslado
Otro de los ejes centrales de la entrevista giró en torno a la reconstrucción cronológica y espacial de los hechos. Según la hipótesis de la querella, antes de las 5:00 de la madrugada se habrían enviado mensajes desde el teléfono de Cecilia con el objetivo de simular un suicidio, a pesar que la joven recién pidió ayuda en la casa de una vecina alrededor de las 6:10.
El punto más frágil de la versión oficial, según Saucedo, radica en la total ausencia de rastros hemáticos en aproximadamente 150 metros que Cecilia supuestamente caminó hasta la vivienda de la vecina. «El perito oficial dice que en el trayecto que tuvo que haber hecho la menor no hay ni un rastro de sangre, ni una gota. Tenía cortes en los dedos, en la muñeca y en el cuello. ¿Puede ser probable que no dejara ni una gota?», planteó.
Bajo este escenario, la querella sostiene que la víctima no llegó por sus propios medios. «Sostenemos que alguien la ayudó, la cargó o la transportó en un vehículo y la dejó frente a la casa de la señora», explicó, aclarando que quien colaboró en el traslado no necesariamente formó parte activa del ataque homicida.
CRUCE CON LA FISCALÍA
Saucedo no ahorró críticas hacia el titular de la investigación, a quien acusó de intentar cerrar el expediente de manera apresurada. Entre los puntos de mayor fricción se encuentra la desestimación, por parte del fiscal, de una tercera persona mencionada en los chats, descartándola como un simple «personaje ficticio».
«El señor fiscal, desde que inició la causa, está esperando cerrarla. Habría que explicar qué es lo que lo motiva a seguir insistiendo con eso. Si no hizo ninguna diligencia válida para descartar la existencia de esa tercera persona, yo no puedo acompañarlo», disparó. Cuestionó la metodología utilizada para requisar el entorno de la sospechosa: ante el pedido de secuestrar los teléfonos de los padres de la adolescente imputada, la Fiscalía optó por solicitarles la entrega voluntaria sin librar una orden de allanamiento. «Entonces, ¿a quién está ayudando el señor fiscal?», se preguntó.
El querellante indicó que solicitaron al Ministerio de Seguridad de la Nación la implementación de una recompensa para datos anónimos, aunque lamentó que hasta el momento desconocen si el trámite prosperó.
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