Un episodio ocurrido la madrugada del 16 de marzo dejó al descubierto una falla crítica en el sistema de emergencias: un joven de 22 años sufrió una convulsión seguida de un paro cardiorrespiratorio y la ambulancia nunca llegó, pese a que el hospital estaba a apenas tres cuadras. Ocurrió en Monte Caseros en el Hospital Samuel W Robinson.
Según denunció su hermana, Cinthia Bareiro, todo comenzó alrededor de la 1:10, cuando el joven empezó a convulsionar mientras dormía. La familia llamó al 911, al 100 y a la Policía sin obtener respuesta. Incluso un hermano acudió dos veces al hospital para pedir asistencia, pero recibió promesas vacías: “ya va a salir”, una frase que nunca se tradujo en acción.
El cuadro se agravó rápidamente. El joven dejó de respirar, presentó cianosis y signos de colapso. En ese contexto, la única respuesta efectiva fue la de su propia familia: Bareiro realizó maniobras de RCP que lograron reanimarlo parcialmente mientras seguían esperando una ambulancia que nunca se movilizó. A las 1:17, una nueva llamada —que quedó grabada— tampoco activó el sistema.
Desesperados, los familiares tomaron una decisión extrema: trasladarlo sobre una puerta, cubierto con una cobija, hasta el hospital. A las 1:29, al llegar corriendo, confirmaron la dimensión de la falla: la ambulancia estaba estacionada afuera, nunca había salido.
La situación se agravó aún más cuando, según la denuncia, el personal del móvil no sólo no intervino, sino que impidió el ingreso inmediato y luego intentó justificar la inacción con una supuesta confusión de dirección, desmentida por las grabaciones. Incluso habrían llamado a la Policía acusando disturbios.
El contraste es brutal: mientras el equipo médico del hospital actuó con rapidez y logró estabilizar al paciente —que hoy está fuera de peligro—, el sistema prehospitalario directamente no funcionó. El caso no expone un retraso, sino una omisión. Y en emergencias de este tipo, la diferencia entre intervenir o no hacerlo es, literalmente, la vida.
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