El Gobierno mantiene su rechazo ideológico a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la Casa Rosada sostiene que la derogación de la ley no forma parte de su agenda actual.
En los últimos días, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar la legalización del aborto y vinculó públicamente esa política con la caída de la natalidad, el crecimiento demográfico y la sustentabilidad del sistema previsional. Mientras distintos funcionarios retomaron posiciones contra la normativa, desde Casa Rosada aseguraron que una derogación de la Ley 27.610 «no está en la agenda».
La norma fue sancionada en 2020 y comenzó a regir en 2021. En el oficialismo consideran que actualmente no existen «los consensos» sociales necesarios para reabrir el debate parlamentario, por lo que no hay, por ahora, una decisión de impulsar su eliminación.
Las declaraciones presidenciales volvieron a poner el tema en el centro del discurso oficial. Milei relacionó la interrupción voluntaria del embarazo con la disminución de los nacimientos, aunque no existen datos que permitan establecer una relación causal entre la caída de la natalidad y la vigencia de la Ley 27.610.
Otros integrantes del Gobierno también expresaron posiciones similares. El canciller Pablo Quirno presentó a la Argentina como un país defensor «de la vida», mientras que el Gobierno adhirió al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.
La decisión diplomática fue cuestionada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En paralelo, el secretario de Culto, Agustín Caulo, manifestó públicamente una posición favorable a derogar la normativa.
El tema ya había generado tensiones dentro del oficialismo. En 2024, legisladores de La Libertad Avanza encabezados por Rocío Bonacci habían presentado un proyecto para derogar la ley. En aquel momento, el Ejecutivo se había desmarcado de la iniciativa y había aclarado que no había sido impulsada por el Presidente.
En 2026, diputados oficialistas volvieron a comprometerse públicamente con la derogación. Sin embargo, esa postura parlamentaria convive con la posición que mantiene actualmente la Casa Rosada: el Gobierno puede volver a instalar su rechazo al aborto en el discurso político, pero no tiene previsto, por ahora, promover la eliminación de la ley.
La diferencia entre ambas posiciones es el eje de la discusión. El oficialismo mantiene una definición ideológica contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, pero esa postura no se tradujo hasta el momento en una decisión concreta del Poder Ejecutivo para modificar el marco legal vigente.
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