Se trata de Alan Cañete que está procesado en una causa secundaria del proceso judicial de Loan Peña, quien desapareció el 13 de junio del 2024, fecha desde que la que la Justicia y la Policía de Corrientes comenzó a investigar para averiguar el paradero del menor de 5 años. La causa tiene imputadas a varias personas entre las que se encuentran familiares, exfuncionarios públicos y fuerzas de seguridad, además que está caratulada por la posible sustracción y explotación de menores bajo una red de trata de personas.
Las autoridades recorrieron el naranjal donde fue visto por última vez y la sospecha de secuestro comenzó a tomar mayor fuerza. Lo cierto es que a casi dos años del caso todavía no se tienen precisiones, todo un país aguarda por conocer qué sucedió y son muchas las conjeturas establecidas pero que, principalmente, podrían desenmascarar un grave problema en el Interior de la República Argentina.
Alan Cañete, que está procesado en una causa secundaria del proceso judicial de Loan Peña y se le atribuyen delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento y estafa, remarcó que «se me acusa de varios delitos. En la etapa de instrucción no se me pudo comprobar ninguno. Venir es exponerme porque tengo el 50% del país que me cree y otro 50% que no, sufrí muchas situaciones de bullying. No me creen que no estoy involucrado en la desaparición de Loan, yo no conozco a ninguno de los imputados y no los vi nunca. El día el juicio será la primera vez que los veré».
Y agregó: «Fui en conjunto con varios profesionales, teníamos un estudio jurídico en Morón y éramos todos abogados una psicóloga social, una operadora en niñez y justicia. Diez personas somos las que estamos procesadas. Al ‘americano’ lo conozco por Cristian Eche (periodista de Crónica) que recientemente nos cruzamos y el ‘Cristian, sabés a lo que fui’. Fui a buscar a Loan, lo volvería a hacer por cualquier chico que desaparece».
«Todo empezó por Alejandro Pueblas que nos presenta al intendente. Él tiene una situación personal conmigo, cuando salga sobreseído en nombre de Dios tendrá que enfrentar todas las situaciones procesales que se le vienen encima. Es periodista y no fiscal, me acusa y hace una persecución de cuando tuve un problema con Morena Rial de la que salí sobreseído gracias al trabajo del Martín Leiro. Fue con un móvil del canal a la puerta de mi casa en la que vivía hace 20 años, fue un hostigamiento y también hizo vivos hablando de mi», completó Cañete.
Profundizó que «el intendente ofreció compensación económica. Hablé con Ramón Dupuy, le dije que desapareció un niño y le dije que iría a colaborar para tratar de encontrarlo. Yo me especializo en criminalística y conozco mucho lo que es una escena del crimen en caso que lo fuera en ese momento. Ramón me autoriza de palabra para que vaya a Corrientes y eso está comprobado en el expediente».
Martín Leiro, letrado de Alan Cañete, planteó que su cliente «está imputado por privación de la libertad y nadie sabe explicar de quién. La hicieron fácil y la patearon para el juicio oral. En la elevación a juicio, no se dice de quién. No hay mejor verdad que la realidad y lo que está documentado. Lo acusan de una defraudación al Estado y no hubo, porque el intendente vino, lo contrató, pagó, se facturó», soltó el experto en derecho. El hombre procesado reveló cómo fue el pago del funcionario público que contrató: «Pagó un millón primero. El dinero que se aceptó de la Intendencia fue en blanco y lícito, porque lo facturó la doctora Elizabeth Cutaia con sus datos personales en función que es abogada y que necesitábamos trasladarnos de una punta a la otra, vivir en el mes que estuvimos».
Alan Cañete complementó sobre el pago recibido por el municipio «Fui ad honorem. Esa plata fue para los traslados del psicólogo y los profesionales que fueron, después estaban personas que no puedo nombrar por la medida cautelar y estaban dos de los niños con sus familiares sumado a la custodia que teníamos de la Gendarmería Nacional. ¿Cómo voy a privar de la libertad a dos niños y a sus familias cuando hay dos funcionarios públicos? La imputación formal está mal realizada porque si me imputa a una privación ilegítima también deberían hacerlo a los funcionarios y que se agrave por su labor».
Martín Leiro afirmó que «en conclusión, se comprobará. Se lo acusa de una privación ilegal de la libertad en el hotel en el que estaba con las personas a cargo de los menores, sumado a gran cantidad de Prefectura y Gendarmería que estaban custodiando».
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