Y reordenamiento interno en el oficialismo. La postergación del debate legislativo abrió un nuevo frente de discusión dentro del espacio gobernante. Las diferencias se profundizan en torno a una iniciativa clave que aún no logra consensos suficientes.
En el Senado de la Nación Argentina, el 9 de junio, el oficialismo libertario encabezado por el gobierno de Javier Milei atravesó una jornada marcada por tensiones internas tras la decisión de postergar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La medida se produjo en un contexto de falta de acuerdos para alcanzar los votos necesarios, en medio de negociaciones cruzadas sobre el contenido del denominado «capítulo 3», que incluye modificaciones sensibles en materia de tierras, manejo del fuego y expropiaciones, con la participación central de la senadora Patricia Bullrich, otros actores del oficialismo y aliados parlamentarios.
La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo y articulada políticamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, no logró inicialmente el respaldo suficiente dentro de la Cámara Alta, donde se estimaban alrededor de 35 votos frente a un piso requerido de 37. La discusión se centró en las resistencias de sectores de la oposición dialoguista y de algunos senadores radicales como Maximiliano Abad, Flavio Fama y Carolina Losada, que derivó en un reordenamiento de la estrategia legislativa.
La suspensión del tratamiento generó un fuerte cruce político dentro del oficialismo libertario, con acusaciones cruzadas sobre la conducción de la agenda parlamentaria y el manejo de los consensos. En ese marco, distintos sectores del entorno presidencial cuestionaron la estrategia legislativa y señalaron descoordinaciones en la construcción de mayorías, mientras que desde el espacio de Patricia Bullrich defendieron la decisión como una medida táctica para evitar una derrota en el recinto.
La tensión alcanzó a la estructura de articulación política del Gobierno, donde intervienen figuras como la secretaria general Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, en un escenario donde conviven distintas líneas de influencia y estrategias legislativas. En paralelo, la postergación abrió nuevas negociaciones para modificar el articulado y ampliar el respaldo parlamentario, con proyecciones que oscilan entre 39 y 40 votos en una eventual sesión futura, siempre condicionado a los cambios en los puntos más conflictivos del proyecto.
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